La jueza Jacqueline Becerra del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida resolvió reprogramar la audiencia de sentencia del exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Francisco Cosenza Centeno, quien será sentenciado el 18 de noviembre de 2025 a las 2:00 p. m. en la sede judicial de Miami, Florida.
La decisión judicial surge tras una moción presentada por la defensa, que solicitó aplazar la audiencia inicialmente prevista para el 31 de octubre, argumentando la necesidad de más tiempo para traducir documentos médicos y atender otros compromisos judiciales.
Defensa pidió más tiempo por documentos médicos y agenda judicial
La abogada Jenny Wilson, del bufete Klugh Wilson LLC, presentó la solicitud el 20 de octubre, explicando que necesitaba más tiempo para traducir registros médicos del español al inglés, los cuales serán presentados como evidencia de mitigación en la audiencia de sentencia.
Wilson también indicó que tenía conflictos de agenda con otros casos federales, lo que impedía cumplir con la preparación adecuada para la audiencia.
Aunque la defensa propuso que la audiencia se realizara en la semana del 24 de noviembre, la jueza Becerra decidió no extender tanto el proceso, fijando una fecha intermedia: el 18 de noviembre, equilibrando las necesidades de la defensa con el calendario judicial del tribunal.
El fiscal asistente Eli Rubin manifestó no tener objeciones a la solicitud de prórroga, confirmando su disponibilidad para noviembre.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha solicitado una sentencia de 120 meses de prisión (10 años), mientras que la defensa confía en que la prórroga permitirá presentar una defensa más sólida para lograr una reducción de la pena, basándose en la cooperación de Cosenza con las autoridades y su aceptación de culpabilidad.
Francisco Cosenza Centeno fue acusado por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero vinculado a un contrato de 7.5 millones de dólares adjudicado a la empresa Atlanco LLC en 2019.
Las investigaciones apuntan a que utilizó a su propio hijo como intermediario para recibir pagos ilegales, lo que agrava su responsabilidad y representa una falta grave de confianza pública en las instituciones hondureñas.
